FGR vuelve a acusar a 10 exfuncionarios del ISSSTE por contratos de laboratorio de 3 mil 675 millones de pesos
La Fiscalía General de la República reabre la acción penal contra diez exfuncionarios del ISSSTE por contratos de análisis clínicos asignados a empresas señaladas como "Cártel de la Sangre".
Claves
- La FGR ejerce por segunda vez acción penal contra 10 exfuncionarios del ISSSTE
- Los contratos de análisis clínicos superan los 3 mil 675 millones de pesos, según la fiscalía
- Un juez no vinculó a proceso a los acusados en julio; la FGR no apeló y pidió nueva audiencia
La Fiscalía General de la República (FGR) de México ejerció de nuevo acción penal contra diez exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la institución pública de salud y seguridad social de los trabajadores del Estado. La acusación se refiere a la presunta compra ilegal de servicios de laboratorio por más de 3 mil 675 millones de pesos, y según la fiscalía los contratos fueron asignados a empresas farmacéuticas conocidas como "Cártel de la Sangre".
Según informó Grupo Reforma, citado por Infobae, el caso regresa a los tribunales después de que en julio un juez de control decidiera no vincular a proceso a los exservidores públicos. El juez, Marco Antonio González Cortázar, consideró que la imputación de la FGR tenía omisiones y deficiencias. Sin embargo, rechazó sobreseer o cancelar la investigación, lo que dejó abierta la posibilidad de que la fiscalía siguiera con otras líneas de investigación para volver a presentar el caso.
La FGR no apeló esa resolución. En su lugar, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción reforzó su expediente y pidió a un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente que programe una audiencia inicial, en la que pretende formular cargos y solicitar la vinculación a proceso de los señalados.
De acuerdo con la acusación, la contratación se relaciona con seis contratos para servicios de análisis clínicos en hospitales y unidades médicas del ISSSTE, vigentes de julio de 2018 a junio de 2020. La fiscalía sostiene que la asignación directa se realizó el 29 de junio de 2018 y que se basó en un estudio de mercado que únicamente tomó información proporcionada por las propias empresas participantes, sin cotizaciones independientes que permitieran comparar precios y condiciones en hospitales y unidades médicas.
Infobae no detalla en el material disponible las respuestas de los exfuncionarios ni de las empresas, por lo que la versión presentada corresponde a la de la FGR. Tampoco se especifica en la fuente el nombre de las empresas beneficiadas, que aparece en una lista no incluida en el texto consultado.
En la audiencia inicial se determinará si la fiscalía logra imputar a los diez exfuncionarios y si el juez resuelve vincularlos a proceso. Hasta que haya una sentencia, los señalados conservan la presunción de inocencia, y su defensa podrá presentar sus argumentos durante el procedimiento.
Por qué importa
el caso involucra compras públicas de servicios de salud por una cifra considerable y pone a prueba la capacidad de la fiscalía para sostener acusaciones de corrupción tras un revés judicial. Para los lectores de otros países, el ISSSTE es el principal instituto de seguridad social para trabajadores del Estado mexicano.
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