Una jueza federal de EE. UU. ordena frenar la presión de Trump sobre funcionarios electorales

Una jueza federal de Estados Unidos, Trina Thompson, emitió este viernes una orden de restricción temporal que impide al Gobierno del presidente Donald Trump "amenazar" o "intimidar" a los funcionarios electorales. La decisión se produce en las semanas previas a las elecciones de medio mandato, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, en las que se renueva parte del Congreso. Según recogió la cadena CNN, citada por Infobae, la magistrada consideró que las acciones del Gobierno "es probable" que interfieran con la administración electoral y priven del derecho al voto a electores legales, aunque la Administración sostiene que busca impedir que votos de no ciudadanos se cuenten.

Mientras la orden esté vigente, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional no pueden exigir a los funcionarios electorales de ningún estado que separen las papeletas, eliminen votantes de los padrones o detengan su procesamiento. Tampoco pueden amenazar con procesamientos penales a esos funcionarios. Además, la Administración debe notificar a la jueza cualquier solicitud de orden de registro, citación del gran jurado u otra demanda para acceder a materiales electorales o papeletas que se apoye en sus listados de presuntos no ciudadanos.

La controversia tiene su origen en una operación de cotejo de datos impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, que compara las listas de votantes de cada estado con los registros federales. Según la información disponible, los funcionarios electorales sostienen que las listas de presuntos no ciudadanos elaboradas por esa agencia no son fiables. El Gobierno, por su parte, afirma que el objetivo es evitar que los no ciudadanos voten y ha señalado que procesará a los funcionarios que "no hagan lo suficiente" para prevenir el voto ilegal.

La demanda fue presentada por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles, entre ellos la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Sus promotores argumentan que la conducta del Gobierno viola la Ley de Derecho al Voto y constituye una intromisión inconstitucional en el control que los estados ejercen sobre la administración electoral.

Por otra parte, la fuente recoge que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el Gobierno federal no tiene derecho a intervenir en la forma en que los estados verifican la condición de ciudadanía de los votantes. La orden de Thompson es temporal, por lo que su alcance dependerá de las resoluciones judiciales posteriores. La información proviene de un único medio, Infobae, que a su vez cita a CNN, por lo que no se han contrastado de forma independiente otras versiones del caso.