La JEP imputa a 11 excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, imputó a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP, la antigua guerrilla que firmó la paz con el Estado colombiano. Entre los imputados figuran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’. La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables atribuidos a la antigua guerrilla y que no fueron examinados en otros procesos. La investigación estuvo a cargo de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

Según la JEP, los imputados son responsables de hechos cometidos por los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe, también llamado Bloque Martín Caballero, en regiones donde la presencia del Estado era limitada o inexistente. Del Bloque Magdalena Medio se imputa a Londoño, Alape, Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’), Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Cancharina’) y Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’). Del Bloque Caribe se imputa a otros seis excomandantes, entre ellos Uriel Antonio Oviedo Aldana, quien, según la JEP, era el único de los incluidos que había sido capturado por la justicia ordinaria antes de la firma del Acuerdo de Paz.

Los imputados deberán responder por crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual y ataques contra bienes protegidos, como escuelas, hospitales e iglesias. También se les atribuyen crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada y violación. Por su gravedad, estos delitos no pueden recibir amnistía. La JEP identificó dos patrones: el control social y territorial en zonas rurales, con persecuciones y castigos contra personas consideradas colaboradoras de paramilitares o de la fuerza pública, y los delitos cometidos durante acciones armadas, como tomas, hostigamientos, emboscadas y ataques con explosivos.

Entre los hechos documentados figura la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú (Norte de Santander), ocurrida en 2004, en la que, según la investigación, integrantes del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos adolescentes. La JEP también menciona la toma de Chalán (Sucre) en 1996, donde, según el tribunal, el Frente 35 usó un “burro bomba” con 50 kilogramos de explosivos que causó la muerte de 11 policías. La Sala documentó además homicidios y amenazas contra líderes comunitarios, docentes y religiosos.

Los comparecientes deberán reconocer o rechazar los hechos antes del 8 de diciembre de 2026. Esta fase es un paso previo a la eventual determinación de responsabilidades y sanciones dentro del sistema de justicia transicional. La fuente consultada es una única nota de Infobae, por lo que no se han contrastado de forma independiente las cifras ni las versiones de las partes."