Texas declara de su propiedad nueve islas del río Bravo y México pide respetar los tratados
El estado de Texas reclama nueve islas del río Bravo para reforzar la vigilancia fronteriza. México sostiene que la delimitación corresponde a una comisión binacional y a los tratados vigentes.
Claves
- Texas identificó nueve islas del río Bravo como propiedad estatal el 26 de octubre, según la Oficina General de Tierras (GLO).
- Las islas suman unas 66 acres (cerca de 26,7 hectáreas) entre Laredo y McAllen, en el sur de Texas.
- México exige respetar los tratados y recuerda que la delimitación de la frontera corresponde a una comisión binacional.
Texas ha declarado como terrenos de su propiedad nueve islas situadas en el río Bravo, el curso de agua que separa a México de Estados Unidos en buena parte de su frontera. La decisión, anunciada el 26 de octubre por la Oficina General de Tierras de Texas (Texas General Land Office, GLO), ha provocado la reacción de las autoridades mexicanas.
Según la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, la GLO identificó las islas como parte del estado. De acuerdo con el comunicado oficial de la agencia, esta identificación permitirá que el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas accedan a esas zonas para tareas de vigilancia, inspección y prevención de actividades ilegales. Buckingham sostiene que durante años hubo incertidumbre sobre la titularidad de las islas, lo que dificultaba la actuación de las autoridades estatales. Según la información disponible, no se ha confirmado actividad delictiva en ellas.
Las islas se ubican en la zona fronteriza del sur de Texas, entre las ciudades de Laredo y McAllen. En conjunto abarcan unas 66 acres, es decir, aproximadamente 26,7 hectáreas. La fuente consultada no detalla la superficie de cada isla ni precisa cuántas personas o agentes participarían en las labores de vigilancia.
México, por su parte, sostiene que cualquier actuación en estas zonas debe ajustarse a los acuerdos internacionales y contar con la intervención de los organismos competentes de ambos países. La posición mexicana apunta a que la delimitación de la frontera no es una cuestión que un estado federado pueda resolver por sí solo, sino un asunto que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), organismo binacional encargado de estos temas.
La controversia plantea una cuestión jurídica de fondo: quién tiene autoridad para determinar a qué país pertenecen las islas y qué sucede cuando el cauce de un río que sirve de frontera cambia con el tiempo. En muchos tramos del río Bravo, la línea fronteriza está ligada al curso del agua, por lo que los movimientos naturales del río pueden alterar la ubicación de las islas y de los terrenos vecinos.
Hasta el momento, la fuente original no recoge una respuesta detallada del Gobierno de Estados Unidos ni cronología de nuevas medidas. La disputa se produce en un momento de alta tensión sobre seguridad fronteriza, por lo que la evolución de la reclamación dependerá de las negociaciones entre ambas partes y de la intervención de las instancias binacionales.
Por qué importa
La disputa afecta a la soberanía sobre un tramo de la frontera entre México y Estados Unidos y a quién puede desplegar vigilancia en esa zona. Además, muestra cómo los cambios naturales de los ríos fronterizos pueden convertirse en conflictos políticos y jurídicos.
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