Un tribunal de apelaciones de EE. UU. abre la puerta a restablecer el TPS para venezolanos

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en California, rechazó este viernes 30 de octubre una petición del Gobierno del presidente Donald Trump para mantener suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Venezuela. La decisión abre la puerta a que cientos de miles de venezolanos recuperen ese amparo, según informó la agencia EFE.

El TPS es un programa que protege de la deportación a inmigrantes de países en situación de crisis y les concede permiso de trabajo durante un periodo determinado. En el caso de Venezuela, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, puso fin a una extensión previamente otorgada. Un tribunal inferior dictaminó el año pasado que Noem se había excedido en sus facultades al tomar esa decisión.

El litigio se conoce como 'National TPS Alliance contra Mullin'. La Alianza Nacional TPS demandó al Gobierno por la terminación del programa y obtuvo un fallo favorable de un juez federal. Sin embargo, la Administración recurrió ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que autorizó de forma temporal la suspensión del beneficio. Esa suspensión expirará el viernes 6 de noviembre.

Los abogados de los demandantes afirmaron en un comunicado que, a menos que la Corte Suprema vuelva a intervenir, los venezolanos afectados verían restablecido su estatus el 6 de noviembre, mientras continúa el pleito sobre la anulación y la finalización del beneficio. Entre las pruebas presentadas figuran testimonios de beneficiarios afectados, como el de Carlos Sánchez Villa, quien fue deportado a Liberia tras perder la protección. Según su declaración, la experiencia fue "como algo sacado de una película de terror".

Entre los demandantes figuran la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las fundaciones de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) del norte y el sur de California, el Miñana Family Center for Immigration Law and Policy de la Universidad de California en Los Ángeles y la Haitian Bridge Alliance. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, calificó el fallo de victoria que renueva las fuerzas de la organización. Por su parte, Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Centro Miñana, expresó la expectativa de que la Administración "reconozca su error" y, si no lo hace, que la Corte Suprema mantenga intacta la decisión del tribunal de distrito.

La fuente consultada no ofrece una respuesta oficial del Gobierno ni precisa el número exacto de beneficiarios afectados más allá de la cifra aproximada de "cientos de miles". Tampoco detalla si la Corte Suprema ya ha fijado plazos adicionales para pronunciarse. Por ello, el desenlace dependerá de si el máximo tribunal decide intervenir antes del 6 de noviembre.