Cepeda critica la reforma tributaria de De la Espriella y no descarta movilizaciones en Colombia
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, acusa al Gobierno de Abelardo de la Espriella de cargar impuestos a las clases medias y los sectores populares. Advierte de posibles protestas si el proyecto avanza en el Congreso.
Claves
- El proyecto de ajuste fiscal, radicado el 29 de octubre, incluye 106 artículos y un recorte estimado de 45 billones de pesos en gasto estatal.
- Cepeda sostiene que el IVA sobre productos básicos subirá del 5 % al 19 % desde el 1 de enero de 2028, y que la tarifa de renta empresarial bajará del 35 % al 31 %.
- El senador anticipa movilizaciones y un eventual paro nacional si la iniciativa sigue su curso en el Congreso.
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, principal fuerza de la oposición colombiana tras perder las elecciones presidenciales, cuestionó la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El proyecto de ajuste fiscal fue radicado en el Congreso el 29 de octubre. Según Cepeda, la iniciativa responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo financiero multilateral que suele exigir equilibrio en las cuentas públicas a los países que reciben su apoyo, y traslada una mayor carga a trabajadores y hogares mientras concede alivios a los sectores empresariales de mayores ingresos.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, el texto tiene 106 artículos y contempla una reducción estimada de 45 billones de pesos en el gasto estatal, cambios en la estructura de entidades del Ejecutivo y modificaciones a impuestos para empresas, personas naturales, productos de consumo y plataformas de comercio electrónico como Temu o Shein. Uno de los puntos más criticados por Cepeda es el alza del impuesto al valor agregado (IVA) sobre productos que hoy tienen una tarifa preferencial del 5 %, entre ellos el café tostado, el azúcar, los granos, el chocolate, los aceites y algunos alimentos procesados. Según el proyecto, pasarían a la tarifa general del 19 % desde el 1 de enero de 2028.
En cuanto al impuesto de renta de personas naturales, la propuesta amplía la base de contribuyentes. Quienes tengan ingresos anuales desde unos 37,7 millones de pesos, equivalentes a ingresos mensuales de entre 3,1 y 4,7 millones, tributarían mediante un nuevo tramo con una tarifa inicial del 9 %. Cepeda sostuvo que esta medida afecta a la clase media, y señaló que reducir los umbrales de pago golpea a los trabajadores formales.
Para las empresas, la reforma plantea bajar la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. También crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), con una tarifa preferencial del 20 % para grandes inversiones que cumplan los requisitos de la norma, y estabilidad fiscal de hasta 16 años. Cepeda relacionó estos cambios con un trato favorable a los contribuyentes de mayores ingresos y mencionó la eliminación del impuesto al patrimonio para los sectores más pudientes.
El texto incluye además aumentos graduales en los aportes a salud de empleados e independientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos, restricciones a la exoneración de parafiscales para empleadores, y nuevos gravámenes sobre bebidas azucaradas, licores, tabaco, vapeadores y juegos de azar en línea. El Gobierno busca aprobarlo antes del cierre de 2026, con discusiones que comenzarían el 5 de noviembre.
Cepeda comparó la situación con la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, en 2021, que desató protestas masivas y fue retirada. Advirtió que, si el proyecto avanza, podría generar "una formidable ola de movilización social, paro nacional". La fuente no detalla una respuesta oficial del Gobierno a estas críticas. El proyecto deberá ahora pasar por las bancadas del Congreso, donde se debatirán sus disposiciones fiscales, laborales y administrativas.
Por qué importa
la reforma afecta el costo de la canasta básica, los ingresos de la clase media y la carga sobre empresas en Colombia, uno de los países más grandes de América Latina. Su tramitación en el Congreso definirá la política fiscal de los próximos años y el nivel de conflictividad social.
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