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Defensoría de Oaxaca recomienda disculpa pública por fallas en la protección del periodista Alejandro Leyva

La Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca concluye que la Fiscalía estatal no activó medidas de protección para el comunicador, asesinado en julio de 2026, pese a sus denuncias de amenazas.

Defensoría de Oaxaca recomienda disculpa pública por fallas en la protección del periodista Alejandro Leyva
Imagen: Infobae

Claves

  • La Defensoría de Oaxaca emitió la Recomendación 16/2026 el 30 de octubre tras acreditar fallas en la atención a las amenazas contra Leyva.
  • Leyva denunció amenazas de muerte ante la Fiscalía estatal durante casi un año antes de ser asesinado el 22 de julio de 2026.
  • La FGR atrajo el caso el 23 de julio y la Fiscalía de Oaxaca presentó videos y una reconstrucción de la ruta de los agresores.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) recomendó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ofrecer una disculpa pública a los familiares del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Según el organismo, en la Recomendación 16/2026, emitida el 30 de octubre, la institución estatal no activó las medidas de protección necesarias pese a las denuncias de amenazas que el comunicador presentó durante casi un año antes de su muerte.

Leyva fue asesinado el 22 de julio de 2026 en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, mientras desayunaba en un puesto de comida. Recibió tres disparos de arma calibre 9 milímetros. De acuerdo con la Defensoría, el periodista acudió por primera vez a ese organismo en julio de 2025 para denunciar ataques en medios electrónicos, amenazas de muerte por teléfono y hostigamiento relacionados con su trabajo. En febrero de 2026, la institución supo que las intimidaciones continuaban, y según su versión solicitó información a la Fiscalía sin obtener respuesta.

El organismo también documentó otros problemas. Leyva presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que se declaró incompetente por razón de fuero y remitió el expediente a la FGEO. Durante ese proceso, el periodista desconocía el número de carpeta de su denuncia y no sabía qué autoridad ministerial llevaba el caso. La Defensoría señala además que varias solicitudes al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, para evaluar su incorporación al esquema federal de resguardo no obtuvieron respuesta antes del homicidio.

Por su parte, la Fiscalía presentó avances en la investigación. El fiscal general José Bernardo Rodríguez Alamilla mostró, un día después del crimen, videos de cámaras del C5 que reconstruyen la ruta de los agresores, quienes llegaron en motocicleta y, según la reconstrucción oficial, cambiaron de vehículo y desarmaron el arma para dispersar sus piezas en el trayecto de huida. La carpeta acumula más de 55 datos de prueba y más de 17 mil gigabytes de material de video. Las autoridades no han confirmado a la fecha si los responsables han sido detenidos.

Un punto que las fuentes consultadas no aclaran del todo es la relación del crimen con otros hechos. Leyva publicó acusaciones contra el senador Antonino Morales dos días antes del homicidio, pero, según el reporte, las autoridades no han establecido ningún vínculo entre ambos hechos. La FGR ejerció la facultad de atracción del caso el 23 de julio, a través de su Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, y señaló que realizará las investigaciones correspondientes conforme a la ley.

El caso se suma a la preocupación por la seguridad de periodistas en México. La recomendación de la Defensoría es un pronunciamiento de un organismo de derechos humanos estatal, no una resolución judicial, y su cumplimiento depende de la respuesta de la Fiscalía de Oaxaca. Hasta el momento, esta fuente única no incluye una respuesta oficial de la FGEO a las conclusiones.

Por qué importa

El caso muestra cómo los mecanismos de protección para periodistas amenazados pueden fallar entre instancias estatales y federales. Para los lectores de otros países, ilustra la dificultad de articular denuncias entre la Fiscalía estatal, la FGR y el mecanismo federal de protección en México.

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