Harfuch atribuye a la corrupción el retraso de la expulsión de 92 líderes del narco a EE. UU.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó el 4 de noviembre de un operativo a gran escala en los Centros Penitenciarios Federales del país. Según su versión, la intervención se realizó durante el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y permitió tomar el control de esas prisiones y expulsar a 92 objetivos prioritarios del crimen organizado.

Harfuch explicó que muchos de esos líderes llevaban hasta 40 años sin poder ser extraditados, y que algunos habían acumulado demoras de tres o cuatro sexenios. Atribuyó esa situación a un único factor: la corrupción. De acuerdo con sus declaraciones, las estructuras penitenciarias habían sido vulneradas durante décadas, lo que permitía a los detenidos mantener operaciones, retrasar sus traslados internacionales e imponerse a las autoridades carcelarias locales.

La extradición es el procedimiento por el que un país entrega a otro a una persona acusada o condenada por un delito. En este caso, la expulsión de los 92 objetivos hacia Estados Unidos, país que los reclamaba, se presentó como la respuesta a esos retrasos. La fuente original no detalla los nombres de los individuos, las acusaciones concretas ni los tribunales involucrados.

Según el funcionario, la operación fue ejecutada por fuerzas federales mexicanas, sin participación de agencias extranjeras en el terreno. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Marina) habrían dado respaldo operativo y de perímetro, mientras que la SSPC y el Sistema Penitenciario Federal realizaron la extracción dentro de los penales.

Harfuch también destacó el papel del personal penitenciario, al que describió como expuesto a amenazas constantes de muerte, y afirmó que no hubo filtraciones durante la movilización de los 92 objetivos, algo que contrastó con casos anteriores en los que las fugas de información frustraron capturas y traslados. El gobierno vinculó ese hermetismo a una estrategia de inteligencia supervisada a diario por la Presidenta.

Hasta ahora, la información proviene de la versión oficial dada en una ceremonia de reconocimiento. No se han difundido de forma independiente cifras detalladas, listados ni pruebas de los casos de corrupción mencionados, por lo que las afirmaciones deben leerse como declaraciones del gobierno federal.